Santo Domingo.- Este viernes, el empresario Antonio Espaillat obtuvo su libertad condicional luego de cumplir con el pago de la garantía económica que le fue impuesta por la jueza Fátima Veloz. La medida forma parte del proceso judicial que se desarrolla en su contra y en el de su hermana, Maribel Espaillat de Veras.
Ambos están vinculados al caso relacionado con el desplome ocurrido en el centro de diversión Jet Set, ubicado en Santo Domingo, situación que resultó en la pérdida de 236 personas y dejó alrededor de 180 con lesiones, según informó el Ministerio Público. A raíz de estos hechos, fueron imputados por la presunta comisión de un hecho calificado provisionalmente como homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano.
La jueza Fátima Veloz, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, había determinado una garantía económica de 50 millones de pesos como parte de las medidas de coerción impuestas a los hermanos Espaillat. Estas medidas también incluyen presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La decisión judicial se sustentó en los principios establecidos por la Constitución dominicana y la normativa procesal vigente, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la resolución se valoró que Antonio y Maribel Espaillat cuentan con suficiente arraigo, incluyendo domicilio fijo, actividades empresariales formales y vínculos familiares dentro del territorio nacional, además de no haberse demostrado intención de evadir el proceso.
Con el pago de la garantía económica establecido por el tribunal, Antonio Espaillat cumplió con uno de los requisitos necesarios para quedar en libertad condicional, bajo el compromiso de mantenerse disponible para el desarrollo del proceso judicial que continúa en curso.
La calificación jurídica provisional del caso se mantiene bajo la figura de conducta culposa, en la que no se ha demostrado la existencia de dolo directo, eventual ni alternativo. La medida busca garantizar la comparecencia del imputado y proteger el desarrollo adecuado del proceso, sin que ello represente una sanción definitiva, ya que no implica un juicio sobre la culpabilidad.
El tribunal también declaró el caso como complejo, debido a la magnitud de los hechos investigados y a los múltiples elementos probatorios involucrados. La investigación y el proceso penal seguirán su curso conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal de la República Dominicana.