Santo Domingo.– Un tribunal dominicano impuso este jueves una garantía económica de tres millones de pesos, así como impedimento de salida del país, contra el comunicador e investigador privado Ángel Martínez, como medida de coerción dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta difamación en perjuicio de la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
La medida fue adoptada luego de que se analizara el impacto y alcance de las declaraciones realizadas por Martínez, quien, según detalla una nota de prensa oficial, habría lanzado una campaña de difamación contra la funcionaria a través de sus plataformas digitales.
La controversia se encendió especialmente a partir del 9 de enero de 2025, fecha en la que el comunicador publicó un video en vivo en el que afirmaba que De Camps tenía siete meses de embarazo, agregando incluso supuestos detalles médicos y lanzando lo que se han calificado como “amenazas veladas sobre un posible aborto”.
El contenido, ampliamente replicado en redes sociales, acumuló más de 190,000 visualizaciones combinadas en YouTube, Instagram y la plataforma X (anteriormente Twitter), convirtiéndose en una pieza viral de alto impacto público.
La defensa de la funcionaria argumenta que estas afirmaciones no solo son falsas, sino también profundamente invasivas y atentatorias contra su dignidad como mujer y como figura pública.
El tribunal consideró que la magnitud del daño reputacional, la viralidad del contenido y el carácter reiterado de los ataques justificaban la imposición de medidas restrictivas mientras se desarrolla el proceso.
En consecuencia, además de la garantía económica, se le prohibió a Ángel Martínez abandonar el territorio nacional, medida que permanecerá vigente hasta la conclusión del caso o hasta una nueva revisión judicial.
Por su parte, los representantes legales de Martínez han adelantado que apelarán la decisión, alegando que su cliente actuó en ejercicio de su derecho a la libre expresión y que sus publicaciones estarían amparadas en el interés público.
No obstante, la parte querellante sostiene que la línea entre la libertad de expresión y la difamación ha sido cruzada de forma grave y reiterada.
Este caso ha despertado un amplio debate en la opinión pública, especialmente en lo relativo a los límites del discurso digital, el respeto a la intimidad de las figuras públicas y la responsabilidad legal de los comunicadores independientes.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa, con expectativas de que en las próximas semanas se anuncie la fecha para la audiencia de fondo.