Santo Domingo.– El dirigente agropecuario y exsenador Adriano Sánchez Roa alertó que la República Dominicana ha perdido 14 millones de tareas de tierras cultivables en los últimos 55 años, al pasar de 43 millones en 1971 a apenas 29 millones en 2026, lo que compromete la seguridad alimentaria nacional.
Durante una declaración en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el también exadministrador del Banco Agrícola atribuyó esta situación a la expansión urbana desordenada y la deforestación, factores que han cambiado el uso del suelo y acelerado su degradación.
Sánchez Roa calificó como alarmante que la degradación del suelo afecte cerca del 70% del territorio nacional, de los cuales un 30% corresponde a zonas áridas o altamente vulnerables a la desertificación.
El experto instó al Gobierno a tomar en cuenta el “Informe GEO 2024” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que advierte sobre riesgos ambientales significativos para las futuras generaciones.
Explicó que en el país se registran múltiples formas de deterioro del suelo, como erosión, salinización, compactación, anegamiento y contaminación, impactando tanto zonas montañosas como áreas agrícolas.
Asimismo, señaló el deterioro de importantes cuencas hidrográficas como Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Ozama y Nizao, lo que agrava la situación ambiental.
El dirigente indicó que la deforestación intensifica la erosión, provocando sedimentación en embalses, disminución de la calidad del agua y daños a los ecosistemas costeros y marinos.
Advirtió además sobre la reducción en la productividad de los suelos y la pérdida de biodiversidad, producto de la destrucción de hábitats naturales.
Sánchez Roa denunció que la tala indiscriminada continúa sin control efectivo, y criticó la falta de políticas sostenidas para promover una agricultura sostenible.
En ese sentido, consideró que el país no debe expandir actividades como la minería sin antes garantizar la protección de los suelos productivos y los recursos naturales.
Finalmente, llamó a implementar una política nacional de defensa del suelo, basada en el ordenamiento territorial, la reforestación masiva, incentivos agrícolas sostenibles y un control riguroso de la deforestación.