Santo Domingo.- Diversos representantes de los ámbitos político, religioso y empresarial coincidieron en que la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional el Decreto 308-06 sobre la restricción de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, representa una oportunidad para que el Congreso Nacional apruebe una legislación que regule esa materia conforme a la Constitución.
El diputado Tobías Crespo sostuvo que el decreto impulsado en 2006 por el entonces presidente Leonel Fernández tuvo efectos positivos al contribuir, según afirmó, a la reducción de la criminalidad, los accidentes de tránsito y las muertes violentas relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.
No obstante, indicó que el fallo del TC no constituye un retroceso, sino una adecuación al marco constitucional vigente desde 2010. Explicó que el tribunal determinó que cualquier restricción de derechos fundamentales, como la regulación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas, debe establecerse mediante una ley orgánica y no por decreto.
En ese sentido, consideró que corresponde ahora al Congreso aprobar una normativa que defina de forma clara los horarios y condiciones para el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos de diversión.
Por su parte, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, afirmó que el Tribunal Constitucional actuó con respeto al establecer un plazo para que el Congreso legisle sobre el tema.
A su juicio, es necesario mantener una regulación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas, al entender que contribuiría a fortalecer el orden y la convivencia en la sociedad dominicana.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, interpretó la sentencia como una oportunidad para revisar y modernizar la regulación existente.
Marranzini señaló que el tema debe analizarse de manera integral, tomando en cuenta aspectos como las libertades individuales, la seguridad ciudadana, la seguridad vial, los ingresos del Estado y el impacto económico, por lo que consideró positivo que el debate pase ahora al Congreso Nacional para elaborar una legislación más actualizada y equilibrada.