SANTO DOMINGO.-El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las conclusiones del informe presentado por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) en su “Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases”, al considerar que el documento contiene inconsistencias metodológicas, datos descontextualizados y una interpretación que responsabiliza de forma exclusiva al magisterio de problemas estructurales del sistema educativo.
La ADP cuestionó la base del informe al afirmar que las cifras sobre supuestas horas de docencia perdidas no se corresponden con el calendario escolar oficial. Indicó que los niveles de Educación Inicial y Secundaria contemplan 1,528 horas de clases distribuidas en 191 días lectivos, por lo que pidió aclarar la metodología utilizada para sustentar las estimaciones presentadas.
El gremio docente también rechazó que se atribuyan suspensiones generalizadas a la organización, asegurando que no ha realizado paralizaciones nacionales en los últimos años y que las interrupciones registradas en distintas comunidades responden a reclamos locales vinculados a infraestructura escolar, falta de aulas, condiciones de seguridad y situaciones como intoxicaciones por fumigaciones.
Asimismo, la ADP cuestionó a entidades como EDUCA, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría, al señalar que reciben recursos públicos a través de programas estatales. Citó datos que indican que dichas organizaciones han recibido más de RD$79 millones en los últimos cinco años, fondos que, según el gremio, debieron ser mejor aprovechados en infraestructura escolar.
Precisó que los reclamos de los docentes, en diferentes comunidades, municipios y provincias del país (Duarte, Santiago, Azua y San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica) son legítimos y están relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, las condiciones de seguridad en los centros educativos y situaciones extraordinarias como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de esas acciones procuran, precisamente, garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el CEN de la ADP.
La ADP también cuestiona la autoridad moral con la que EDUCA, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas sobre la educación pública, cuando dichas instituciones reciben recursos provenientes del propio Estado dominicano.
Datos oficiales indican que durante los últimos cinco años EDUCA ha recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), mientras que Fe y Alegría ha recibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones. En conjunto, ambas entidades han percibido RD$79,115,914.93 provenientes de fondos públicos.
Tomando en cuenta que, según informaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar, el costo de construcción de un aula regular oscila entre RD$5 y RD$7 millones, con esos recursos habrían podido construirse entre 11 y 15 aulas escolares adicionales para el sistema educativo dominicano.
“Por ello, resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4% del PIB intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil, el deterioro de planteles y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo”, afirmó el CEN de la ADP.
La ADP reiteró que la preocupación debe centrarse en garantizar escuelas seguras, adecuadas y dignas para estudiantes y docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la inversión pública en educación con criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
Finalmente, la ADP reiteró que el foco debe estar en la mejora de las condiciones de los centros educativos, el fortalecimiento de la inversión pública y la garantía de un entorno adecuado para estudiantes y docentes, reafirmando su compromiso con la defensa de la educación pública.