Santo Domingo— Miguel Valerio, abogado defensor de Antonio y Maribel Espaillat, negó este sábado que se hayan ejecutado allanamientos por parte del Ministerio Público en el caso que involucra a sus clientes, quienes son los propietarios de la antigua discoteca Jet Set.
Valerio ofreció estas declaraciones al llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los hermanos Espaillat permanecen bajo custodia desde el pasado jueves.
El jurista enfatizó que el proceso no debería ser tratado bajo una perspectiva penal, sino como un tema relacionado con una supuesta negligencia.
“El proceso no es criminal; es un tema de responsabilidad por omisión o descuido”, insistió Valerio.
Además, en el momento en que el profesional del derecho fue abordado sobre la acusación del Ministerio Público sobre supuesta intimación a empleados del Jet Set, empresarial que su defendido haya intentado manipular a colaboradores del centro nocturno que podrían servir como testigos de la investigación.
Antonio y Maribel Espaillat enfrentan acusaciones por pérdida de vidas humanas bajo la figura legal de “homicidio involuntario”, esto tras el colapso del techo del establecimiento Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril.
El evento generó gran conmoción nacional, ya que dejó un resultado lamentable de más de 230 personas que dejaron de vivir y alrededor de 180 personas lesionadas, consolidándose como uno de los incidentes estructurales de mayor gravedad en la historia reciente del país.
Las autoridades siguen adelante con las investigaciones, las cuales buscan esclarecer los factores que originaron el desplome del techo en medio de una actividad en la popular discoteca.
Hasta el momento, las informaciones oficiales no han señalado si existía alguna advertencia técnica previa ni se han difundido los resultados de estudios estructurales del local.
Valerio reiteró que no existe constancia ni registros de que el Ministerio Público haya realizado inspecciones domiciliarias o requisiciones relacionadas con este caso.
“No ha habido allanamientos, ni contra las propiedades de los señores Espaillat, ni contra la discoteca”, puntualizó.
Se espera que en los próximos días el tribunal competente conozca las medidas de coerción contra los imputados, en un proceso que ha captado la atención pública tanto por la magnitud del hecho como por la relevancia del establecimiento en la vida nocturna capitalina.
Mientras tanto, familiares de las personas afectadas por el suceso continúan a la espera de respuestas, al mismo tiempo que distintas instituciones han expresado interés en que se revisen los protocolos de seguridad en espacios destinados a eventos masivos en todo el país.