SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró como complejo el proceso judicial correspondiente a la Operación Onco14 y ordenó distintas medidas de coerción contra tres personas señaladas por el Ministerio Público de integrar una presunta estructura que habría desviado recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios económicos.
La jueza Stefani Santiago dispuso 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como para Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y actual esposa de Lora Cruceta. Ambos cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago.
En el caso de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, el tribunal ordenó arresto domiciliario, tras acoger la variación del pedimento presentada por el Ministerio Público durante la audiencia.
Al fundamentar su decisión, la magistrada tomó en cuenta la naturaleza de las imputaciones, el volumen de pruebas presentadas por la Procuraduría y el presunto perjuicio ocasionado a una institución dedicada a la atención de pacientes con cáncer, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.
Los tres encartados son investigados por presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos y delitos tecnológicos, relacionados con el supuesto uso irregular de fondos públicos y privados destinados a la atención médica.
Ministerio Público presentó amplio conjunto de evidencias
Para sustentar la solicitud de coerción, el Ministerio Público informó que depositó 155 elementos probatorios, entre testimonios, peritajes, documentos, evidencias materiales y actuaciones procesales, con los que asegura demostrar la participación de los imputados en los hechos investigados.
Tras concluir la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el tribunal acogió íntegramente la petición formulada por el órgano acusador.
Según explicó, la decisión judicial refleja que las evidencias presentadas fueron suficientes para establecer, en esta etapa del proceso, la vinculación de los imputados con las presuntas irregularidades detectadas.
Ortiz indicó además que la variación de la medida solicitada para Vargas Sánchez respondió a una evaluación procesal del Ministerio Público y aclaró que no existe ningún acuerdo suscrito con los imputados.
La procuradora adelantó que las pesquisas sobre la Operación Onco14 permanecen abiertas y advirtió que el expediente podría ampliarse con nuevas personas investigadas conforme avancen las diligencias.
De acuerdo con la investigación, la estructura habría utilizado mecanismos para desviar recursos destinados a pacientes oncológicos de escasos recursos, incluyendo presuntas irregularidades en la facturación de servicios médicos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El expediente también describe la supuesta emisión de facturas fraudulentas, alteración de indicaciones médicas, uso indebido de sellos y documentos de especialistas, comercialización de medicamentos donados, doble facturación de fármacos y cobros por tratamientos que, según el Ministerio Público, no se correspondían con los realmente suministrados.
Asimismo, los investigadores sostienen que parte de las habitaciones destinadas a pacientes con cáncer fueron utilizadas para otros fines, mientras que una fundación vinculada a los imputados habría servido para canalizar operaciones comerciales utilizando exenciones fiscales otorgadas al Patronato.
Las autoridades también atribuyen a los investigados la eliminación de registros digitales, intentos de sustraer documentación institucional y el manejo de gastos personales con recursos de la entidad, acciones que forman parte de las líneas de investigación que continúan desarrollándose en el caso.