REDACCIÓN.- “Yo les pido, les ruego que me den una oportunidad. He dedicado estos años a estudiar y a trabajar muy duro. Llevo más de 15 años trabajando en la panadería; también colaboro voluntariamente en la cocina y donde quiera que me necesitan”, fue parte del alegato de María Magdalena Marizán Flores, conocida como Elena Marizán, quien por tercera vez busca su libertad tras 16 años de condena de 20 por el asesinato de la joven Lohara Tavárez.
Durante la audiencia, Marizán manifestó que se considera apta para reintegrarse a la sociedad tras más de una década privada de libertad, argumentando que ha cumplido con los procesos de rehabilitación requeridos dentro del sistema penitenciario.
La sentenciada cumple una pena de 20 años de prisión por un caso ocurrido en 2009, que generó gran conmoción en la provincia Duarte y en todo el país. Desde entonces, familiares de la víctima han mantenido una firme oposición a cualquier intento de excarcelación, insistiendo en que la condena debe cumplirse en su totalidad.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte dejó en estado de fallo la solicitud de libertad condicional presentada por Marizán, luego de escuchar los planteamientos de la defensa, el Ministerio Público y las demás partes representadas en el proceso.
Los jueces decidieron reservar la decisión para el próximo 7 de julio, fecha en la que se conocerá si acogen o rechazan la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la condenada.
Durante su intervención, Marizán sostuvo que cuenta con el apoyo de su esposo, sus hijas, hermanos y amigos, respaldo que consideró fundamental para un eventual proceso de reinserción social.
“Tengo un gran apoyo familiar y me siento capacitada para entrar a la sociedad y dar lo mejor de mí. Les pido que me den una oportunidad porque siento y sé que la merezco”, manifestó.
El proceso judicial ha estado marcado por varios intentos de obtener la libertad condicional, solicitudes que han sido rechazadas en ocasiones anteriores por los tribunales competentes. De hecho, en 2025 presentó una petición similar que fue rechazada el 31 de julio, luego de que el tribunal determinara que no reunía los requisitos legales correspondientes.
Familiares de Lohara mantienen oposición
El caso continúa bajo atención pública por la gravedad de los hechos y por las acciones desarrolladas durante años por familiares y allegados de Lohara Tavárez, junto con integrantes del Movimiento Internacional Justicia por Lohara.
Estos sectores han mantenido una vigilancia constante sobre las solicitudes de beneficios penitenciarios formuladas por Marizán y han reiterado que la condena debe cumplirse en su totalidad.
Los familiares de la víctima reafirmaron su postura bajo la consigna que han sostenido durante los últimos años: “20 es igual a 20, ni un día menos”.
Sobre el caso
Se recuerda que el hecho se produjo el 6 de noviembre de 2009, cuando dos ciudadanos haitianos que residían en el área de la carretera Las Cejas encontraron el cadáver de Lohara Tavárez Rosario envuelto en una lona con restos de cemento y pintura.
La joven estudiante de Arquitectura fue hallada con el rostro desfigurado por golpes contundentes, heridas de tijera en el cuello y otras partes del cuerpo, además de signos de asfixia.
Durante las investigaciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público interrogaron a más de una veintena de personas, entre ellas amigos y compañeros de estudios de la víctima.
Posteriormente, las autoridades profundizaron las pesquisas y detuvieron a varias personas vinculadas al caso. Entre ellas figuró María Magdalena Marizán Flores, señalada por las investigaciones como una de las responsables intelectuales del crimen.
Las indagatorias también condujeron a un joven de 17 años, quien confesó haber cometido el asesinato y declaró que Marizán le habría ofrecido dos millones de pesos para ejecutar el crimen.
Por el hecho también fue condenado Víctor Alfonso Brito Vásquez, alias “El Guachi”, hallado culpable junto a Marizán de torturar, asesinar y ahorcar a la joven de 19 años. Fue sentenciado a la pena máxima y al pago de una indemnización de tres millones de pesos.
“El Guachi” falleció el 29 de octubre de 2012 mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, tras resultar herido durante un intento de fuga del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle.
Un tercer implicado, Jerónimo Santana Villanueva, fue absuelto por el tribunal.