En la madrugada del miércoles 23 de abril, se vivió un momento de gran tensión en Santo Domingo cuando autoridades judiciales intentaron ejecutar una acción legal contra el reconocido empresario Antonio Espaillat.
Según informó el periodista y escritor Freddy Aguasvivas, el operativo fue liderado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y se habría contado con los requisitos legales necesarios para llevar a cabo la detención.
La operación se desarrolló en las cercanías de la residencia de Espaillat, donde agentes judiciales se preparaban para hacer efectiva la orden de arresto.
Sin embargo, la intervención de su abogado, Jorge Luis Polanco, marcó un giro en la situación.
De acuerdo con el reporte, el jurista se mostró visiblemente alterado y expresó con contundencia: “¡Primero muerto que llevarse a Antonio preso!”, frase que subrayó la intensidad del momento.
Polanco argumentó con firmeza que no existía una base jurídica válida para detener a su cliente.
Sostuvo que Antonio Espaillat no ha evadido la justicia en ningún momento, y que se encuentra en su residencia, en plena disposición de responder ante cualquier requerimiento de las autoridades competentes.
Según sus palabras, no hay razón para aplicar medidas extremas como un arresto forzoso, ya que Espaillat ha colaborado con el proceso legal.
El incidente no pasó a mayores y fue contenido sin consecuencias físicas ni legales inmediatas. Sin embargo, el hecho generó una fuerte reacción tanto en el ámbito judicial como en el mediático, debido a la relevancia pública del empresario y al alto perfil de las autoridades involucradas en el operativo.
Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales adicionales por parte de la Procuraduría General ni del equipo legal del empresario.
No obstante, el intento de detención ha captado la atención nacional y se espera que continúe generando debate en torno a la legalidad del procedimiento y al desarrollo del caso que involucra a Espaillat.
La situación resalta la creciente presión judicial en torno a figuras empresariales vinculadas a investigaciones recientes, en medio de un clima legal cada vez más exigente para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento del debido proceso.
