Los dueños del Jet Set son demandados por homicidio involuntario tras el colapso que dejó decenas de víctimas en Santo Domingo. Investigación en curso.
Santo Domingo, República Dominicana.- Un nuevo capítulo judicial se abre tras la tragedia del Jet Set, luego de que se presentara una demanda formal contra los propietarios y administradores de la icónica discoteca, acusándolos de violar el artículo 319 del Código Penal dominicano, que sanciona el homicidio involuntario.
La acción legal surge tras el colapso estructural que dejó a decenas de familias sumidas en el dolor y desató un debate nacional sobre la seguridad en los espacios públicos.
Según la querella, los responsables del local incurrieron en negligencias graves, al no garantizar condiciones estructurales adecuadas ni cumplir con las normativas vigentes de protección a la vida.
El artículo 319 contempla sanciones para quienes, por imprudencia o descuido, provoquen la muerte de personas sin intención directa. De comprobarse estas acusaciones, los implicados enfrentarían consecuencias penales severas.
La demanda fue interpuesta por representantes de varias víctimas directas e indirectas del siniestro, quienes solicitan una investigación profunda y sanciones ejemplares que sienten un precedente sobre la responsabilidad civil y penal en la operación de locales de entretenimiento.
Desde el primer momento, el caso captó la atención nacional, tanto por el perfil de las víctimas como por la relevancia histórica del Jet Set en la vida nocturna de Santo Domingo. El desplome de su techo durante una actividad artística ha sido calificado como uno de los eventos más trágicos en la historia reciente del país.
A partir de esta demanda, las autoridades deberán determinar si existieron omisiones, irregularidades o faltas de mantenimiento que, de haberse corregido, podrían haber evitado la tragedia.
La Procuraduría General de la República aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la admisión del caso, pero se espera que en los próximos días se anuncie si se abrirá un proceso penal formal y bajo qué condiciones serán citados los acusados.
Este proceso coloca bajo mayor escrutinio a propietarios y administradores de espacios públicos, marcando un posible antes y después en la responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos estructurales en la República Dominicana.