Santo Domingo.- En la provincia de Duarte, especialmente en San Francisco de Macorís y sus alrededores, se vive una problemática que ha cobrado una notoriedad alarmante en los últimos años: la intoxicación de estudiantes y personal educativo debido a las fumigaciones agrícolas cercanas a los centros educativos. Este fenómeno, lejos de ser un caso aislado, ha desencadenado una serie de medidas y resoluciones por parte de las autoridades, pero la cuestión sigue sin resolverse de manera contundente.
El origen del problema
La fumigación de productos agrícolas es una práctica común en muchas zonas rurales del país, y en la provincia Duarte, donde la agricultura es clave para la economía local, el uso de pesticidas es fundamental para mantener la productividad. Sin embargo, el mal uso de estos químicos, sumado a la falta de regulación estricta, ha provocado que en los últimos años se registren incidentes graves de intoxicación en niños y maestros, particularmente en las horas cercanas a la jornada escolar.
Uno de los primeros pasos para abordar la situación fue la resolución 2018-88 del Ministerio de Agricultura, que estableció disposiciones sobre la fumigación aérea de plaguicidas. Esta resolución intenta regular las actividades de las empresas dedicadas al control de plagas, pero, según los involucrados, ha sido insuficiente, ya que no se han implementado consecuencias efectivas para quienes no cumplen con las normativas.
A pesar de las reiteradas reuniones entre las autoridades, los productores, los parceleros y las comunidades, y de las acciones conjuntas del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otros organismos, el problema persiste. En las reuniones se ha discutido la importancia de la comunicación entre los actores involucrados para evitar que las fumigaciones se realicen durante las horas de clases, y la posibilidad de aplicar la educación virtual o incluso suspender las clases si es necesario. Sin embargo, esto ha sido un paliativo, no una solución definitiva.
Las intoxicaciones, un problema recurrente
Los casos más notorios se han registrado en San Francisco de Macorís y en comunidades cercanas como Villarriba, donde en diversas ocasiones estudiantes y personal educativo han sido afectados por la exposición a pesticidas. En lo que va del año, se han reportado varias intoxicaciones, siendo la cuarta en febrero de 2025 la más reciente. Ante estos hechos, las autoridades decidieron suspender temporalmente las clases presenciales, lo que generó un profundo malestar entre padres, estudiantes y docentes, quienes no entienden por qué, a pesar de las resoluciones y acuerdos, las intoxicaciones siguen ocurriendo.
De acuerdo con un informe de la Dirección Regional de Educación de San Francisco de Macorís, entre 2017 y 2019, un total de 336 personas, entre estudiantes y personal docente, fueron afectadas por los pesticidas. Este informe revela que, de estos casos, al menos 253 fueron estudiantes. Las intoxicaciones por fumigaciones son particularmente graves en un contexto donde los niños, por su menor peso y vulnerabilidad, son los más afectados.
El papel de la ADP y la comunidad
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha jugado un papel crucial en la denuncia y visibilización del problema. Los líderes de la seccional Oeste de San Francisco de Macorís, como Robert Frías, han expresado que la falta de comunicación y de aplicación rigurosa de las normativas por parte de los productores de pesticidas es uno de los principales factores detrás de las intoxicaciones. La ADP ha insistido en que la clave está en coordinar mejor las actividades agrícolas con el calendario escolar, notificando a las escuelas con anticipación sobre las fumigaciones, para así evitar que se realicen durante las horas de clases.
Sin embargo, el desafío radica en que, según los miembros de la ADP, los parceleros son una parte fundamental del problema. Muchos de estos productores no cumplen con las normativas y, en ocasiones, las autoridades no tienen acceso a sus propiedades para regular la fumigación. Esta falta de control y la aparente impunidad que rodea a algunos de estos productores contribuye a la persistencia del problema. Incluso cuando se han realizado inspecciones, como las llevadas a cabo por autoridades del Ministerio de Agricultura y de Salud Pública, los funcionarios se han visto impedidos de ingresar a ciertas fincas, como ocurrió en un caso en el que se encontraron productos químicos ilegales en el lugar.
Las autoridades y la regulación de la fumigación
El Ministerio de Agricultura y las autoridades de Medio Ambiente han respondido con resoluciones y sanciones, buscando regular las actividades de fumigación para proteger la salud de los estudiantes y la comunidad en general. En febrero de 2025, un acuerdo entre los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Educación, Agricultura, Interior y Policía, así como la Procuraduría General de la República y el IDAC, prometió imponer sanciones severas a aquellos que no respeten las regulaciones. Sin embargo, los expertos aseguran que las sanciones por sí solas no son suficientes si no se refuerzan con una educación más amplia a los productores y un control más estricto de las empresas fumigadoras.
La fumigación aérea: ¿el principal culpable?
Una de las principales preocupaciones de los expertos y los agricultores es el uso de la fumigación aérea, que ha estado en el centro de las críticas debido a su impacto en la salud humana. Según Gabriel Matías, piloto y dueño de la empresa FUNCA, las fumigaciones aéreas son estrictamente reguladas y las empresas que realizan este trabajo cumplen con diversas certificaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, también reconoce que las fumigaciones por tierra, como las realizadas con motobombas, no están tan reguladas, lo que puede resultar en un mayor riesgo de intoxicaciones.
La fumigación aérea, que depende de factores como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento, es especialmente delicada, ya que el producto químico puede desplazarse a grandes distancias y contaminar áreas cercanas, incluyendo escuelas. A pesar de las regulaciones, algunos productores siguen aplicando pesticidas sin seguir los horarios establecidos, lo que contribuye al riesgo de intoxicación.
Las víctimas más vulnerables
Según la doctora Rosario Gómez, médico general y experta en toxicología de plaguicidas, para que una fumigación cause una intoxicación grave, deben cumplirse ciertas condiciones. La vía más común de exposición en estos casos es la inhalación, ya que los productos químicos se dispersan en el aire durante la fumigación. La doctora Gómez señala que los niños son los más vulnerables debido a su menor peso y desarrollo, y que las personas con enfermedades preexistentes, como el asma o problemas cardiovasculares, también corren un mayor riesgo.
¿Qué futuro para la provincia Duarte?
El futuro de la provincia Duarte y sus comunidades está marcado por un complicado dilema: cómo balancear las necesidades de la producción agrícola con la protección de la salud escolar. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los productores y la comunidad en general, el problema persiste. Las autoridades tienen la responsabilidad de implementar las normativas de manera más efectiva, y los agricultores deben ser conscientes de que sus prácticas no pueden comprometer la salud de los más vulnerables.
El debate sigue abierto: ¿deberían suspenderse las fumigaciones cerca de las escuelas o se pueden buscar soluciones que permitan ambas actividades sin riesgos? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la provincia Duarte y el bienestar de sus habitantes. Mientras tanto, los padres y los docentes esperan que las promesas de las autoridades se conviertan en acciones concretas que garanticen la seguridad de todos.
Con información de Noticias SIN