Una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional ha sacudido el desarrollo del caso relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril en Santo Domingo.
Según el abogado Félix Portes, quien representa legalmente a varias víctimas de la tragedia, un dirigente político del Este del país habría intentado presionar a las familias afectadas para que no presentaran querellas judiciales.
Portes calificó esta acción como una grave obstrucción al derecho de acceso a la justicia.
El jurista declaró: “No puede ser que a una víctima, además del dolor, se le someta a presiones por parte de funcionarios o figuras con poder”. Durante su comparecencia en el Palacio de Justicia, Portes formalizó dos nuevas querellas.
Una fue interpuesta por la familia de Francisco Antonio Escotto Rincón, de 39 años, y otra por la viuda e hijos de Gustavo Noel Suero Mella, de 37, quienes fallecieron en el incidente mientras asistían a una presentación del merenguero Rubby Pérez, también afectado por el siniestro.
Rosalba Franco García, pareja de Escotto, y Nileny Suero, viuda del piloto Gustavo Suero, presentaron las denuncias junto a sus hijos menores de edad.
Ellos responsabilizan tanto a los directivos del centro de entretenimiento como a las autoridades estatales y municipales, a quienes acusan de negligencia técnica y administrativa.
Los padres del piloto, Gustavo Antonio Suero Pérez y Vianela Mella, también se sumaron al reclamo legal, respaldando la querella con sus testimonios.
Las acusaciones se dirigen específicamente contra Antonio Espaillat y Ana Grecia López, representantes de Inversiones E y L, S.R.L., empresa propietaria del Jet Set.
Según las denuncias, los implicados habrían ignorado señales estructurales graves y continuado operaciones bajo condiciones peligrosas, incluso después de un incendio ocurrido en julio de 2023.
Se mencionan fallas en el mantenimiento, uso indebido del techo y sobrecarga estructural como factores claves en el colapso.
Estas querellas exigen que se determinen responsabilidades civiles y penales no solo a nivel empresarial, sino también entre los funcionarios públicos encargados de supervisar la seguridad del establecimiento.
La Procuraduría General de la República se encuentra a la espera del documento con el nombre del político mencionado en la denuncia, el cual, según afirmó Portes, será entregado en breve.
