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Diputado hace exigencia tras caso de Sudiksha Konanki en cámara de Diputados

20 de marzo de 2025

La preocupación por el aumento de desapariciones en la República Dominicana tomó un nuevo giro luego de que el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Brailyn Vargas (Bray), alzara la voz en la Cámara de Diputados, revelando una alarmante estadística: cada 12 horas desaparece una persona en el país.

Su denuncia, basada en datos recopilados por la Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas, expone una realidad inquietante y un llamado urgente a las autoridades.

El legislador lamentó que no todos los casos reciben la misma atención, obligando a muchas familias a recurrir a los medios de comunicación para hacer eco de sus tragedias.

“Aquí las personas deben ir a los medios con una foto en la mano, tocar puertas, llorar en los destacamentos y hasta ofrecer recompensas en redes sociales para que se les escuche”, expresó con indignación.

Brailyn Vargas (Bray)

Según los registros de la asociación, desde 2022 hasta la fecha, en el país hay un aproximado de 2,242 personas desaparecidas, una cifra que, de ser correcta, implicaría que cada medio día una familia queda sumida en la incertidumbre y la desesperación.

Vargas también denunció que el último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Procuraduría General data de 2022 y que la página del portal de Datos Abiertos no está funcionando, lo que impide un acceso actualizado a la información oficial.

El congresista también hizo referencia a la reciente desaparición de la joven turista india Sudiksha Konanki, quien fue vista por última vez en una playa del este del país.

Sudiksha Konanki

Destacó que, aunque su caso ha captado gran atención debido a su nacionalidad, los ciudadanos dominicanos no reciben el mismo nivel de respuesta por parte de las autoridades.

Ante esta preocupante situación, Vargas anunció que en los próximos días someterá un proyecto de ley enfocado en la atención de casos de personas desaparecidas, con el objetivo de garantizar un tratamiento equitativo para todos, sin importar su estatus social o nacionalidad.

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