Hoy martes 30 de julio, se presenta una actualización más del caso del joven Joshua Fernández, y es que uno de los culpables de su m#3rt3, Allyson de Jesús Pérez Mejía, conocido como “Chiquito”, ha decidido apelar la sentencia que lo condena por 30 años de prisión.
Recordemos que el joven en cuestión perdió la vida el pasado 16 de abril de 2023 a causa de un disp4ro en la cabeza mientras se disponía a subir a un vehículo tras salir de una discoteca en el Ensanche Naco del Distrito Nacional.
En el juicio, el Ministerio Público había solicitado 30 años de prisión para El Dotolcito y 40 años para Chiquito y Brito Troncoso.
La condena, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 24 de abril pasado, está siendo cuestionada por un defensor público que busca su anulación y el descarte de la pena impuesta.
Pérez Mejía ha contratado a los abogados Jaime Terrero y Julio Alberico Hernández, este último también psiquiatra, para que lo representen en esta apelación.
Los abogados argumentan ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que el tribunal que dictó la sentencia cometió errores significativos relacionados con las normas de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio.
Por tanto, lo que están solicitando es que se revoque la sentencia y se celebre un nuevo juicio sobre el individuo mencionado.
Además, en la misma sentencia también fueron condenados Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión, y Luis Alberto “Luisito” Brito a 20 años.
En la apelación, se sostiene que el tribunal incurrió en contradicciones y fallos ilógicos, con la intención de conectar las motivaciones de la condena con el fallo.
Los abogados han presentado una solicitud adicional para el traslado de Pérez Mejía desde la cárcel de Najayo, donde actualmente está recluido en una celda de máxima seguridad, a la cárcel de La Victoria.
Argumentan que el rechazo a este traslado por parte de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) representa un desacato.
