El caso de la niña Stephora Joseph Raphael sigue estremeciendo a la República Dominicana y abriendo un debate urgente sobre la seguridad en las actividades escolares.
La menor perdió la vida durante una excursión del colegio en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.
Hoy dos miembros del personal están formalmente acusadas de homicidio involuntario por negligencia, al entender el Ministerio Público que no hubo el cuidado ni la vigilancia que exige la ley cuando se tiene bajo responsabilidad a menores de edad.
De acuerdo con la acusación, la tragedia habría podido evitarse si se hubiesen aplicado correctamente los protocolos mínimos de supervisión, especialmente tratándose de un lugar con piscina y áreas de riesgo.
Para el Ministerio Público, no se trató solo de un accidente desafortunado, sino del resultado de fallas graves en el control del grupo, en la atención al entorno y en la respuesta ante la emergencia que se produjo cuando Stephora tuvo dificultades en el agua.
La familia de la niña ha sido clara: no está buscando venganza, sino justicia y verdad.
Sus parientes han insistido en que su lucha principal es que se esclarezca, minuto a minuto, qué pasó mientras la menor luchaba por su vida y por qué, según afirman, no recibió ayuda oportuna.
También han señalado que la sociedad dominicana tiene derecho a conocer con transparencia cómo se manejó la excursión, quiénes eran los responsables directos de la supervisión y qué se hizo —o se dejó de hacer— cuando se produjo el incidente.
Este caso ha puesto en evidencia la importancia de entender qué significa negligencia en el contexto educativo.
Cuando un centro organiza una salida con estudiantes, asume un deber de cuidado reforzado:
Debe evaluar riesgos, establecer reglas claras, asignar adultos suficientes para vigilar, conocer el lugar que visitará y estar preparado para una intervención rápida ante cualquier situación de peligro.
No basta con “estar presentes”; la ley exige una supervisión activa y constante, sobre todo si hay agua, altura, animales o cualquier otro factor de riesgo.
A raíz de la muerte de Stephora, muchos padres se han preguntado qué deben exigir a los colegios antes de autorizar una excursión.
Resulta fundamental que las familias pregunten cuántos docentes y monitores acompañarán al grupo, si el personal tiene entrenamiento básico en primeros auxilios, si el lugar cuenta con salvavidas o personal especializado, y cuáles son los pasos a seguir en caso de emergencia.
Esa comunicación abierta entre padres y escuelas puede convertirse en una barrera de prevención que salve vidas.
Desde el punto de vista institucional, el caso también plantea la necesidad de que los centros educativos revisen sus reglamentos internos y los conviertan en protocolos reales, no solo en documentos para archivo.
Esto implica capacitar periódicamente al personal, hacer simulacros, definir responsabilidades específicas durante las salidas y documentar todo lo relacionado con el manejo de grupos fuera del plantel.
La experiencia demuestra que la improvisación, cuando se trata de niños, suele tener consecuencias dolorosas.
En el ámbito social, la muerte de Stephora ha generado un reclamo amplio por mayor responsabilidad en las excursiones escolares y por una supervisión más estricta por parte de las autoridades educativas y judiciales.
La opinión pública no solo cuestiona el manejo puntual de esta actividad, sino el modelo de supervisión que muchos colegios.
Aplican cuando sacan estudiantes a villas, haciendas o clubes sin una cultura suficiente de prevención de riesgos.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa. En la audiencia de este miércoles, un juez deberá decidir si las imputadas cumplen prisión preventiva u otra medida cautelar mientras avanza la investigación.
Esa decisión será observada de cerca por toda la sociedad, no solo por la familia, porque enviará un mensaje sobre el peso que el sistema de justicia está dispuesto a darle a la responsabilidad de quienes tienen bajo su cuidado la vida de niñas y niños.
El caso de Stephora se ha convertido, dolorosamente, en un recordatorio de que ninguna actividad recreativa puede organizarse sin poner la seguridad en primer lugar.
Su historia debería impulsar cambios reales en la manera en que se planifican y supervisan las excursiones en el país.
Que su nombre no se recuerde solo por la tragedia, sino porque a partir de ella se asumió, por fin, que proteger a los menores no es opcional, es una obligación ética y legal que no admite descuidos.
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